AUMENTO DE LA SEGURIDAD EN EL CARNAVAL 2014
Este año se han introducido nuevas modificaciones en el carnaval de Tenerife, entre ellas encontramos: 900 efectivos se integrarán en el dispositivo de seguridad del Carnaval, en el trasporte público, además de un mayor número de controles de alcohol y drogas.
Hay que recordar que, el año pasado, el Hospital del Carnaval atendió a 685 personas con que sufrieron algún tipo de problema físico durante la celebración de las fiestas y que, un 43 por ciento de esas atenciones se originaron por el consumo de alcohol.
Algunas de las nuevas normas de seguridad para las actuaciones de murgas y comparsas en 2014 son:
Hay que recordar que, el año pasado, el Hospital del Carnaval atendió a 685 personas con que sufrieron algún tipo de problema físico durante la celebración de las fiestas y que, un 43 por ciento de esas atenciones se originaron por el consumo de alcohol.
Algunas de las nuevas normas de seguridad para las actuaciones de murgas y comparsas en 2014 son:
- Reducción del aforo
- Se prohíbe la tenencia de pistolas de silicona.
- Al acabar su actuación las comparsas tienen que salir por fuera y entrar como el resto del público con su entrada para terminar de ver el espectáculo.
- Los participantes de murgas y comparsas ya no reciben entradas para su familia.
- Más controles de seguridad al entrar al recinto ferial.
Los españoles que pasen más de tres meses en el extranjero perderán a su regreso, la sanidad gratuita y universal, hasta que consigan un contrato de trabajo.
Esta medida obligará a todos los que hayan salido del país en busca de otras oportunidades a contratar servicios de sanidad privada fuera de nuestras fronteras o a renunciar directamente a la atención médica. También una vez retornen al país estarán excluidos del sistema sanitario hasta que consigan un nuevo contrato de trabajo, ya que, una vez pasados 90 días desde su marcha, serán considerados como no residentes y no tendrán derecho a ser atendidos en los hospitales del país.
El cambio hecho a la Ley 16/2003 de “Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud” modifica la letra d) del apartado 2 del artículo 3 de la ley, determinando que “tendrán la condición de asegurado” quienes se encuentren en la situación de “haber agotado la prestación o el subsidio por desempleo u otras prestaciones de similar naturaleza, encontrarse en situación de desempleo, no acreditar la condición de asegurado por cualquier otro título y residir en España”
Esta medida obligará a todos los que hayan salido del país en busca de otras oportunidades a contratar servicios de sanidad privada fuera de nuestras fronteras o a renunciar directamente a la atención médica. También una vez retornen al país estarán excluidos del sistema sanitario hasta que consigan un nuevo contrato de trabajo, ya que, una vez pasados 90 días desde su marcha, serán considerados como no residentes y no tendrán derecho a ser atendidos en los hospitales del país.
El cambio hecho a la Ley 16/2003 de “Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud” modifica la letra d) del apartado 2 del artículo 3 de la ley, determinando que “tendrán la condición de asegurado” quienes se encuentren en la situación de “haber agotado la prestación o el subsidio por desempleo u otras prestaciones de similar naturaleza, encontrarse en situación de desempleo, no acreditar la condición de asegurado por cualquier otro título y residir en España”
Hemodonación y donación de órganos
Hemodonación
Tabla: Perfil de la muestra
Tabla: Perfil de la población donante
DONACIÓN DE ÓRGANOS
LOMCE
LOS CONSEJEROS DE EDUCACIÓN DE LAS CINCO COMUNIDADES AUTÓNOMAS QUE NO ESTÁN GOBERNADAS POR EL PARTIDO POPULAR --PAÍS VASCO, CATALUÑA, ANDALUCÍA, ASTURIAS Y CANARIAS-- HAN AFIRMADO ESTE MIÉRCOLES QUE ES "IMPOSIBLE" EMPEZAR A APLICAR LA LEY ORGÁNICA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA (LOMCE) EN EL CURSO 2014-2015.
Los consejeros Cristina Uriarte (País Vasco), Irene Rigau (Cataluña), Luciano Alonso (Andalucía), Ana González (Asturias) y la viceconsejera Manuela de Armas (Canarias) han comparecido en una rueda de prensa en Madrid para expresar su postura conjunta unas horas antes de participar en la Conferencia Sectorial de Educación para estudiar los decretos de enseñanzas vinculados a la LOMCE.
Pidiendo el freno a la aplicación de la norma "por razones cualitativas, temporales y presupuestarias".
LOS CONSEJEROS DE EDUCACIÓN DE LAS CINCO COMUNIDADES AUTÓNOMAS QUE NO ESTÁN GOBERNADAS POR EL PARTIDO POPULAR --PAÍS VASCO, CATALUÑA, ANDALUCÍA, ASTURIAS Y CANARIAS-- HAN AFIRMADO ESTE MIÉRCOLES QUE ES "IMPOSIBLE" EMPEZAR A APLICAR LA LEY ORGÁNICA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA (LOMCE) EN EL CURSO 2014-2015.
Los consejeros Cristina Uriarte (País Vasco), Irene Rigau (Cataluña), Luciano Alonso (Andalucía), Ana González (Asturias) y la viceconsejera Manuela de Armas (Canarias) han comparecido en una rueda de prensa en Madrid para expresar su postura conjunta unas horas antes de participar en la Conferencia Sectorial de Educación para estudiar los decretos de enseñanzas vinculados a la LOMCE.
Pidiendo el freno a la aplicación de la norma "por razones cualitativas, temporales y presupuestarias".
Europa 2014: Votaciones en Mayo
A finales de mayo de 2014, los ciudadanos de toda la Unión Europea serán convocados para votar en las elecciones al Parlamento Europeo.
En estas elecciones europeas: los votantes podrán decidir si Europa seguirá la senda social o, por el contrario, la dirección liberal de los mercados; si la futura mayoría del Parlamento Europeo favorecerá la apertura de las fronteras de Europa a la inmigración o si, en cambio, optará por su cierre; si se defenderán los derechos de libre circulación de todos los ciudadanos de la UE o si se centrarán en aprobar nuevas normas contra la migración por motivos de pobreza; si los órganos directivos de las empresas reservarán un número mínimo de puestos para las mujeres; si nos mostraremos firmes con Estados Unidos respecto a la protección de datos o a las plantas y alimentos modificados genéticamente, o si preferimos en su lugar los beneficios económicos del libre comercio.
La celebración de elecciones significa permitir a los ciudadanos tomar sus propias decisiones. Se trata de dejar a las personas encontrar sus propias respuestas. El hecho de que, cuando hablamos de elecciones europeas, no nos preguntamos en primera instancia “¿qué elegiré?”, sino “¿voy a elegir?” o, incluso, “¿para qué elegir?”.
Solo uno de cada tres europeos y un 18% de españoles consideran que su opinión cuenta en la UE. Menos de la mitad de los europeos y un 44,9% de españoles votaron en las últimas elecciones europeas, celebradas en 2009.
A finales de mayo de 2014, los ciudadanos de toda la Unión Europea serán convocados para votar en las elecciones al Parlamento Europeo.
En estas elecciones europeas: los votantes podrán decidir si Europa seguirá la senda social o, por el contrario, la dirección liberal de los mercados; si la futura mayoría del Parlamento Europeo favorecerá la apertura de las fronteras de Europa a la inmigración o si, en cambio, optará por su cierre; si se defenderán los derechos de libre circulación de todos los ciudadanos de la UE o si se centrarán en aprobar nuevas normas contra la migración por motivos de pobreza; si los órganos directivos de las empresas reservarán un número mínimo de puestos para las mujeres; si nos mostraremos firmes con Estados Unidos respecto a la protección de datos o a las plantas y alimentos modificados genéticamente, o si preferimos en su lugar los beneficios económicos del libre comercio.
La celebración de elecciones significa permitir a los ciudadanos tomar sus propias decisiones. Se trata de dejar a las personas encontrar sus propias respuestas. El hecho de que, cuando hablamos de elecciones europeas, no nos preguntamos en primera instancia “¿qué elegiré?”, sino “¿voy a elegir?” o, incluso, “¿para qué elegir?”.
Solo uno de cada tres europeos y un 18% de españoles consideran que su opinión cuenta en la UE. Menos de la mitad de los europeos y un 44,9% de españoles votaron en las últimas elecciones europeas, celebradas en 2009.
Ley del aborto
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de los Derechos del Concebido y de la Mujer Embarazada, norma que suprime el derecho al aborto tal y como estaba concebido en la ley de plazos aprobada en 2010 por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Estos son los principales aspectos avanzados por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón:
1. El aborto se permite si existe "menoscabo importante y duradero" para la salud física y psíquica de la mujer o un peligro importante para su vida. El otro supuesto es que haya "delito contra salud o indemnidad sexual" de la mujer (violación).
2. El plazo para el primer supuesto (riesgo para la salud física o psíquica de la mujer) será de 22 semanas de gestación y para el segundo (violación), de 12 semanas. Para poder acogerse a esta segunda posibilidad, será necesario haber denunciado la agresión.
3. El riesgo para la salud física o psíquica de la madre deberá "acreditarse de forma suficiente con dos informes motivados emitidos por dos médicos distintos del que practican el aborto". Los facultativos deben ser "especialistas en la patología que genera esa decisión". Después de que los facultativos hayan evaluado a la mujer, esta recibirá información "verbal" de la mano de un "colaborador del sistema público" sobre las alternativas a la interrupción de su embarazo; tras eso está obligada a esperar "al menos siete días" (frente a los tres actuales) para tomar su decisión.
4. Los médicos que realicen la evaluación de la mujer o del feto no podrán trabajar en el mismo centro donde se vaya a practicar la intervención.
5. Cuando el peligro para la salud psíquica de la madre tenga causa en una "anomalía fetal incompatible con la vida", será preciso un informe médico sobre la madre y otro sobre el feto, de forma "que quede probada dicha anomalía".
6. Si la anomalía incompatible con la vida no hubiera podido ser detectada clínicamente "con un diagnóstico certero" en las 22 primeras semanas de gestación, el aborto también podrá practicarse después, siempre y cuando se cumplan los requisitos anteriores.
7. Se permite la objeción de conciencia de todos los profesionales sanitarios que participen o colaboren en el proceso de interrupción del embarazo (diagnóstico e intervención). Para ello, el profesional deberá comunicarlo por escrito al director del centro dentro de los cinco días siguientes a empezar a trabajar en él. Su decisión se incluirá en su expediente personal, que será reservado y confidencial. El ejercicio de este derecho, que no admite modulaciones, se podrá modificar en cualquier momento.
8. Se prohíbe la publicidad de las clínicas que practican abortos. "No es un producto de consumo y esa información solo deben facilitarla los especialistas", ha afirmado Gallardón.
9. Para que el consentimiento de las menores de edad se entienda como "informado y libre", es decir, para que puedan abortar en los supuestos que permite la ley, será obligatoria "la participación de los titulares de la patria potestad", ya sean padres o tutores.
10. Practicar un aborto fuera de los supuestos estipulados no tendrá reproche penal para la mujer. "Es la primera vez en la historia de España en que se libera a la mujer de la posibilidad de sufrir cualquier reproche penal", ha dicho el ministro. Gallardón no ha especificado, sin embargo, si habrá sanción administrativa. Lo que sí ha asegurado es que el médico que se salte la ley sí será sancionado según la normativa vigente.
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de los Derechos del Concebido y de la Mujer Embarazada, norma que suprime el derecho al aborto tal y como estaba concebido en la ley de plazos aprobada en 2010 por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Estos son los principales aspectos avanzados por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón:
1. El aborto se permite si existe "menoscabo importante y duradero" para la salud física y psíquica de la mujer o un peligro importante para su vida. El otro supuesto es que haya "delito contra salud o indemnidad sexual" de la mujer (violación).
2. El plazo para el primer supuesto (riesgo para la salud física o psíquica de la mujer) será de 22 semanas de gestación y para el segundo (violación), de 12 semanas. Para poder acogerse a esta segunda posibilidad, será necesario haber denunciado la agresión.
3. El riesgo para la salud física o psíquica de la madre deberá "acreditarse de forma suficiente con dos informes motivados emitidos por dos médicos distintos del que practican el aborto". Los facultativos deben ser "especialistas en la patología que genera esa decisión". Después de que los facultativos hayan evaluado a la mujer, esta recibirá información "verbal" de la mano de un "colaborador del sistema público" sobre las alternativas a la interrupción de su embarazo; tras eso está obligada a esperar "al menos siete días" (frente a los tres actuales) para tomar su decisión.
4. Los médicos que realicen la evaluación de la mujer o del feto no podrán trabajar en el mismo centro donde se vaya a practicar la intervención.
5. Cuando el peligro para la salud psíquica de la madre tenga causa en una "anomalía fetal incompatible con la vida", será preciso un informe médico sobre la madre y otro sobre el feto, de forma "que quede probada dicha anomalía".
6. Si la anomalía incompatible con la vida no hubiera podido ser detectada clínicamente "con un diagnóstico certero" en las 22 primeras semanas de gestación, el aborto también podrá practicarse después, siempre y cuando se cumplan los requisitos anteriores.
7. Se permite la objeción de conciencia de todos los profesionales sanitarios que participen o colaboren en el proceso de interrupción del embarazo (diagnóstico e intervención). Para ello, el profesional deberá comunicarlo por escrito al director del centro dentro de los cinco días siguientes a empezar a trabajar en él. Su decisión se incluirá en su expediente personal, que será reservado y confidencial. El ejercicio de este derecho, que no admite modulaciones, se podrá modificar en cualquier momento.
8. Se prohíbe la publicidad de las clínicas que practican abortos. "No es un producto de consumo y esa información solo deben facilitarla los especialistas", ha afirmado Gallardón.
9. Para que el consentimiento de las menores de edad se entienda como "informado y libre", es decir, para que puedan abortar en los supuestos que permite la ley, será obligatoria "la participación de los titulares de la patria potestad", ya sean padres o tutores.
10. Practicar un aborto fuera de los supuestos estipulados no tendrá reproche penal para la mujer. "Es la primera vez en la historia de España en que se libera a la mujer de la posibilidad de sufrir cualquier reproche penal", ha dicho el ministro. Gallardón no ha especificado, sin embargo, si habrá sanción administrativa. Lo que sí ha asegurado es que el médico que se salte la ley sí será sancionado según la normativa vigente.
Las prospecciones petrolíferas en las Islas Canarias
Desde hace meses existe un plan de búsqueda de petróleo frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura, que ya hizo saltar todas las alarmas y que puso en pie de guerra a organizaciones ecologistas, colectivos de pescadores, ciudadanos e incluso al propio Gobierno de Canarias y varios de sus Cabildos, que actualmente cuentan con el apoyo de varios países, incluyendo la UNESCO.
Este proyecto tiene como primer objetivo trasladar hasta la zona un equipo de prospecciones petrolíferas para buscar el codiciado oro negro y en caso de que exista un trabajo rentable, llevar a cabo las extracciones. Además, se ha asegurado a los ciudadanos de las islas que se generará empleo y crecimiento económico, lo que ha divido la opinión social.
Tras el análisis de los informes, el Ministro de Industria no dio respuesta en el Congreso de los Diputados sobre cuántos puestos de trabajo se generarían, ni realmente cuál sería el beneficio económico, ya que el Estado tan solo se beneficiaría de una pequeña parte de lo que llegue a refinarse y obtenerse del producto final de la cadena.
Las Islas Canarias son un verdadero paraíso biológico y geológico. Cuentan con varias reservas mundiales de la biosfera, parques nacionales, aguas de excelente calidad, zona de ruta de cetáceos... sin olvidar que prácticamente la totalidad de sus ingresos proceden del turismo gracias a todos estos atractivos.
La potencialidad de los riesgos ambientales que pudiera haber con las prospecciones debería explicarse claramente a la población. En caso de vertido o de hipotética marea negra, pese a la rapidez de la intervención, probablemente no daría tiempo a actuar, dada la cercanía de la plataforma a la costa canaria. Por otro lado, se debe de tener en cuenta que algunas de estas islas depende única y exclusivamente de las estaciones desalinizadoras, lo que podría llevar al corte parcial o total del suministro, ya que pese a que el petróleo flote, contaminaría toda la columna de agua. Todo esto acarrearía importantísimos daños en la fauna marina y terrestre, en todos los ecosistemas del archipiélago, disminuiría la calidad turística... por ello es importante plantearse si merece la pena enfrentarse a este riesgo.
Desde hace meses existe un plan de búsqueda de petróleo frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura, que ya hizo saltar todas las alarmas y que puso en pie de guerra a organizaciones ecologistas, colectivos de pescadores, ciudadanos e incluso al propio Gobierno de Canarias y varios de sus Cabildos, que actualmente cuentan con el apoyo de varios países, incluyendo la UNESCO.
Este proyecto tiene como primer objetivo trasladar hasta la zona un equipo de prospecciones petrolíferas para buscar el codiciado oro negro y en caso de que exista un trabajo rentable, llevar a cabo las extracciones. Además, se ha asegurado a los ciudadanos de las islas que se generará empleo y crecimiento económico, lo que ha divido la opinión social.
Tras el análisis de los informes, el Ministro de Industria no dio respuesta en el Congreso de los Diputados sobre cuántos puestos de trabajo se generarían, ni realmente cuál sería el beneficio económico, ya que el Estado tan solo se beneficiaría de una pequeña parte de lo que llegue a refinarse y obtenerse del producto final de la cadena.
Las Islas Canarias son un verdadero paraíso biológico y geológico. Cuentan con varias reservas mundiales de la biosfera, parques nacionales, aguas de excelente calidad, zona de ruta de cetáceos... sin olvidar que prácticamente la totalidad de sus ingresos proceden del turismo gracias a todos estos atractivos.
La potencialidad de los riesgos ambientales que pudiera haber con las prospecciones debería explicarse claramente a la población. En caso de vertido o de hipotética marea negra, pese a la rapidez de la intervención, probablemente no daría tiempo a actuar, dada la cercanía de la plataforma a la costa canaria. Por otro lado, se debe de tener en cuenta que algunas de estas islas depende única y exclusivamente de las estaciones desalinizadoras, lo que podría llevar al corte parcial o total del suministro, ya que pese a que el petróleo flote, contaminaría toda la columna de agua. Todo esto acarrearía importantísimos daños en la fauna marina y terrestre, en todos los ecosistemas del archipiélago, disminuiría la calidad turística... por ello es importante plantearse si merece la pena enfrentarse a este riesgo.